1) Defensa del Principio de Laicidad del Estado como garantía del derecho de libertad de conciencia de toda la ciudadanía.
El ideario laicista proclama la emancipación recíproca del poder político y el ámbito religioso, lo que supone la neutralidad del Estado en materia de creencias o convicciones, con respeto pleno a los derechos humanos, sin injerencias o privilegios de ningún tipo. Este criterio democrático debe asegurar la laicidad de las instituciones y de las normas del Estado, en base al interés general, para defender la plena libertad de conciencia y la igualdad de la ciudadanía ante la ley.
2) Por una educación pública laica.
Defendemos una Escuela pública laica que respete la libertad de conciencia de cada persona desde su nacimiento. Una Escuela en la que la razón incorpore valores, habilidades mentales y conocimiento de la realidad desde una perspectiva creativa, científica y abierta, con un enfoque que favorezca la responsabilidad universal. Una Escuela libre, independiente y diversa, que como parte fundamental de las instituciones públicas participa de la Constitución y democracia en un Estado laico; que ofrece una educación laica como condición del desarrollo libre de la personalidad, que asegura la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen.
Entendemos que toda Escuela sostenida con fondos públicos debe cumplir estos principios.
3) Promover una Ley de Libertad de Conciencia en el marco de Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Constitución Española de 1978 establece el carácter aconfesional, es decir laico del Estado Español. Su confusa redacción ha generado innumerables problemas a lo largo de estas cuatro décadas. Las dificultades deben ser superadas por la interpretación del Tribunal Constitucional a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por lo tanto, procede incorporar el principio de laicidad a la legislación, mediante una Ley de Libertad de Conciencia, que garantice el pleno derecho de “libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones tanto de los individuos como de las comunidades”.
4) Supresión de todo tipo de financiación pública a las iglesias.
Desde los principios constitucionales de “igualdad y no discriminación ante la ley”, y “la contribución de toda la ciudadanía al sostenimiento de los gastos públicos” y el “no carácter estatal de ninguna confesión religiosa”, exigimos la supresión de todo tipo de financiación pública a las confesiones religiosas, entendiendo que el modelo de financiación vigente supone la ruptura de la neutralidad del Estado en favor de unas creencias, la discriminación entre la ciudadanía y el favoritismo de unas instituciones privadas sobre otras.
5) Eliminación de los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede.
Proponemos la denuncia y la derogación de los Acuerdos Internacionales con la Santa Sede, situando las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en el ámbito del Derecho Público Interno, para salvaguardar la soberanía legislativa del Estado.
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