MÁS SOBRE EL CASO IRLANDÉS

La Comisión encargada de investigar los casos de abusos a menores por parte de religiosos en Irlanda de los que ya informamos en este blog, ha publicado un informe que resulta demoledor.

Por una parte se hace eco de la colaboración de policías, fiscales y en definitiva, del aparato del Estado, en la ocultación de dichos abusos a fin de mantener "el prestigio de la Iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos". O sea, que los encargados de proteger a los más débiles de la sociedad, a los niños, actuaron movidos más por su fanatismo religioso que les llevaba a mirar hacia otro lado y despreocuparse de lo que ocurría bajo las sotanas, que por sus obligaciones para con el Estado, y en definitiva, para con los ciudadanos irlandeses.
Sirva este hecho como prueba de cuán peligroso resulta la conjunción de poder y religión en una misma persona, y de cómo deberían apartarse de ciertos casos judiciales y de la toma de ciertas decisiones a todas aquellas personas de conocida tendencia religiosa, pues la condición religiosa, por su propia naturaleza fanática, tiende a prevalecer sobre todas las demás consideraciones.

Por otra parte, en el informe se señala también que "la Comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento".
Estas frases de la Comisión vienen a confirmar lo que pensamos en Azote de dioses, y que no es ni más ni menos que las estructuras y reglas de la Iglesia tienen una configuración propia de organizaciones criminales, muy similares a las de las "sectas" que ellos mismos tan a menudo condenan no viendo la paja en el ojo propio, y que en ningún Estado de Derecho se autorizaría hoy en día ninguna organización con normas y y funcionamiento similares a los de la Iglesia. Al menos en España han tenido que dictarse leyes "ad hoc" para dar cabida a estas organizaciones religiosas (no sólo la Católica, si no a todas), pues sus "peculiaridades" no tenían cabida alguna dentro de las normas generales por las que se rigen las asociaciones de cualquier otro tipo (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación).

Esperamos al menos que el caso irlandés sirva para tomar conciencia de lo necesario que resulta la separación de la Iglesia y el Estado, que en España aún no se ha llevado a efecto pese a figurar en los "papeles", léase Constitución, desde hace más de 30 años.

Y esperamos también, por supuesto, que aunque con 50 años de retraso, los culpables de dichos abusos y sus cómplices den con sus huesos en la cárcel; aunque, para qué engañarnos, somos conscientes de que esto difícilmente se va a producir.